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Oficina del Secretario de Prensa
6 de septiembre de 2006

Hoja Informativa: Legislación del Gobierno para Crear Comisiones Militares

Hoy, el poder ejecutivo remitió un proyecto de ley para crear una estructura sólida y eficaz para comisiones militares. Esta estructura ayudará a lograr el objetivo del Presidente de ganar la Guerra contra el Terrorismo y asegurarse de que los terroristas puedan ser procesados por sus crímenes en juicios cabales y justos. Los arrestos, interrogatorios y, de ser necesario, juicios contra combatientes enemigos por crímenes de guerra y otras ofensas relacionadas con el terrorismo son cruciales para proteger a nuestra nación y ganar la Guerra contra el Terrorismo.

  • A raíz de la decisión de la Corte Suprema en Hamdan vs. Rumsfeld, el poder ejecutivo está colaborando con el Congreso para crear un proceso para llevar a juicio a los combatientes enemigos que:
    • Asegure que los terroristas sean llevados ante la justicia;
    • Reconozca la naturaleza del enemigo y el campo de batalla;
    • Proteja nuestros intereses de seguridad nacional;
    • Reafirme nuestros valores nacionales, y
    • Proporcione al acusado un juicio cabal y justo.

 

  • La propuesta del poder ejecutivo es el producto de extensas deliberaciones entre las agencias y numerosas consultas con miembros del Congreso y abogados militares en todas las ramas de los servicios armados. Los fiscales generales militares y otros abogados del Departamento de Defensa y otras agencias interesadas han proporcionado múltiples rondas de comentarios sobre la legislación propuesta y han participado activamente en las deliberaciones del poder ejecutivo. Muchos de sus comentarios y recomendaciones se reflejan en las disposiciones del proyecto de ley.

La creación de un nuevo Código de Comisiones Militares

El nuevo Código de Comisiones Militares (Code Of Military Commissions o CMC) del proyecto de ley adapta disposiciones relevantes del Código Único de Justicia Militar (Uniform Code Of Military Justice o UCMJ) al contexto de las Comisiones Militares. El poder ejecutivo ha revisado cuidadosamente los procedimientos del UCMJ y adoptado o adaptado ciertos artículos del UCMJ que serían apropiados para estas comisiones militares. El proyecto de ley propone juicios ante comisiones militares para combatientes enemigos ilegales, incluidos los miembros de al Qaida, el Talibán y otros terroristas internacionales. El proyecto de ley codifica el CMC como el capítulo 47A del Título 10 del Código de Estados Unidos acorde con el UCMJ, que es ahora el capítulo 47.

El proyecto de ley usa procedimientos existentes para cortes marciales en caso de que sean apropiados para terroristas, pero separa el proceso de comisión militar del proceso de corte marcial que se usa para enjuiciar a miembros de nuestras fuerzas armadas. Los procedimientos propuestos para comisiones militares estarían separados de las disposiciones del UCMJ para cortes marciales de miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos, con reglas separadas de implementación.

El CMC es similar a la estructura del UCMJ en muchos aspectos. El proyecto de ley establece un sistema de comisiones militares presididas por un juez militar, con miembros de comisiones provenientes de las Fuerzas Armadas, y fiscales y abogados defensores provenientes del Cuerpo de fiscales militares. Los acusados también pueden optar por abogados defensores civiles si así lo desean. Los procedimientos judiciales, las sentencias y la apelación intermedia, en general, son similares a los procedimientos actuales del UCMJ. El proyecto de ley también contempla la apelación ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el distrito de Columbia, como lo determina la Ley para el Tratamiento de Detenidos de 2005 (Detainee Treatment Act o DTA).

  • El proyecto de ley establece que el juez militar, como en el procedimiento de corte marcial, tiene la autoridad tradicional de un juez para tomar decisiones sobre cuestiones legales y evidencia. El juez militar no es un miembro votante en la comisión.
  • El proyecto de ley aumenta el número de miembros de la comisión de tres a cinco y requiere doce miembros para comisiones que intervienen en casos donde se pide la pena de muerte. La decisión de culpabilidad requiere el voto de dos tercios de los miembros de la comisión en casos en que no se pide la pena de muerte. Al igual que en el UCMJ, la pena de muerte requiere el voto unánime de los 12 miembros de la comisión.
  • El proyecto de ley propone un proceso formal de apelación militar similar al proceso de apelación en el UCMJ. El Congreso establecería una Corte de Supervisión de Comisiones Militares dentro del Departamento de Defensa para decidir sobre apelaciones acerca de cuestiones legales. Todos los detenidos declarados culpables también tendrían derecho a una apelación en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos del Distrito de Columbia, sea cual fuere la sentencia. La Corte Suprema puede revisar las decisiones del Circuito del D.C.

El CMC le da al acusado derechos considerables a un proceso justo, incluidos:

  • El acusado tiene derecho a un juicio cabal y justo.
  • El acusado tiene derecho a saber los cargos de los que se le acusa tan pronto como sea viable.
  • El acusado es inocente salvo prueba en contrario, más allá de dudas razonables y con evidencias legales y competentes, teniendo la fiscalía la carga de la prueba.
  • El acusado tiene derecho a asesoría legal, incluida la defensoría legal militar y opción a defensoría legal civil.
  • El acusado debe tener oportunidades razonables para acceder a testigos y otra evidencia, incluida la evidencia en posesión del gobierno.
  • La fiscalía debe divulgar a la defensa toda evidencia exculpatoria que conozca.
  • El acusado tiene derecho de interrogar a los testigos presentados por la fiscalía.
  • El acusado tiene derecho de no testificar contra sí mismo en los procedimientos de la comisión.
  • Sólo se puede admitir evidencia si el juez determina que tiene valor probatorio para una persona razonable, y debe ser excluida si el peligro de prejuicios injustos es considerablemente mayor que su valor probatorio.
  • Las declaraciones obtenidas por medio del uso de tortura no son admisibles contra el acusado.
  • Las declaraciones presuntamente obtenidas por medio del uso de coerción no son admisibles si el juez determina que las circunstancias bajo las cuales fueron obtenidas las invalida o les quita el valor probatorio.
  • Ninguna persona puede intentar forzar o ejercer influencia en una comisión o miembro de una comisión para llegar a una conclusión o veredicto.
  • El público debe tener libre acceso a los procedimientos de la comisión con excepción de circunstancias especiales en las que el juez tome decisiones específicas.
  • El acusado tiene derecho a un mínimo de dos apelaciones para cualquier sentencia, incluida la apelación ante el distrito de Washington, D.C.
  • El acusado no puede ser juzgado dos veces por la misma ofensa.

El proyecto de ley se aparta del UCMJ en algunos aspectos, cuando las disposiciones del UCMJ serían inapropiadas o imprácticas en juicios a terroristas.

  • El CMC elimina los requerimientos tipo Miranda del UCMJ. El proyecto de ley reconoce el derecho del acusado a no incriminarse durante el procedimiento mismo de la comisión. Sin embargo, los derechos tipo Miranda que contempla el UCMJ son más amplios que las normas civiles y podrían impedir o limitar el acopio de información de inteligencia durante la interrogación de detenidos terroristas. El poder ejecutivo considera que no se debe requerir advertencias de tipo Miranda antes de interrogar a combatientes terroristas.
  • El CMC elimina el artículo 32 del UCMJ sobre investigación, el cual es un procedimiento de acusación previa, similar al procedimiento ante jurado civil, donde el acusado está considerablemente más protegido. Tal procedimiento es innecesario e inapropiado para el juicio de terroristas capturados que ya están sujetos a detención bajo las leyes y usos de la guerra.
  • El CMC permite toda evidencia probatoria, incluido el testimonio de oídas, siempre que sea fidedigno. Las comisiones deben procesar crímenes en base a evidencia recogida de cualquier lugar – desde campos de batalla en la Guerra contra el Terrorismo hasta escondites de terroristas extranjeros. Es crucial que las comisiones militares puedan considerar testimonio fidedigno de oídas, porque es probable que muchos testigos sean extranjeros a quienes es difícil obligar a comparecer ante la corte, y muchos testigos pueden no estar disponibles debido a necesidad militar, encarcelamiento, heridas o muerte. Los tribunales internacionales han reconocido de manera similar la necesidad de permitir que los testigos presenten testimonio de oídas de partes ausentes.
  • El proyecto de ley contiene requerimientos estrictos que limitan la presentación de evidencia clasificada en ausencia del acusado. El poder ejecutivo considera que las comisiones deben otorgar la posibilidad de usar evidencia clasificada en ausencia del acusado en circunstancias extraordinarias. El acceso a información confidencial de inteligencia por terroristas capturados podría ocasionar serios riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos, particularmente si los terroristas son liberados antes del cese de hostilidades. Cuando el juez dictamina que es necesario y justo, las comisiones militares pueden considerar dicha evidencia en circunstancias extraordinarias y sujetas a condiciones estrictas.

    • El CMC dispone que antes de que cualquier evidencia sea presentada en ausencia del acusado, el jefe del departamento ejecutivo que ha clasificado la evidencia debe certificar que la evidencia podría poner en riesgo la seguridad nacional y que la evidencia ya ha sido declasificada lo más posible.
    • Se requiere que el juez militar decida específicamente que la exclusión del acusado es necesaria para proteger información clasificada, que la admisión de una versión sumaria o redactada no clasificada no es un sustituto adecuado, que la exclusión no es mayor de lo necesario y que no se viola el derecho del acusado a un juicio cabal y justo.
    • El acusado debe recibir una transcripción de cualquier porción del proceso del cual fue excluido y un resumen no clasificado de cualquier evidencia presentada, en el grado posible.
  • No se realizarán “juicios secretos” – la presentación de evidencia clasificada es un procedimiento extraordinario que esperamos se use en circunstancias excepcionales y sólo si el juez encuentra que es apropiado y justo.

Necesidad de añadir una definición al artículo 3 común del Convenio de Ginebra

El proyecto de ley contiene varias disposiciones que abordan la decisión de la Corte Suprema de que el artículo 3 común del Convenio de Ginebra se aplica a nuestro conflicto armado con al Qaida. Si falta una definición por estatuto, la aplicación del artículo 3 común sometería a aquéllos que defienden Estados Unidos de un ataque terrorista a un estándar legal incierto que pudiera ser influido por tribunales extranjeros. Por ello, líderes civiles y militares de alto rango de Estados Unidos han solicitado que el Congreso elabore una clara definición estatutaria de las obligaciones de Estados Unidos conforme al artículo 3 común.

Algunos de los términos del artículo 3 común son inherentemente vagos. Muchas de las disposiciones del artículo 3 común prohíben acciones que son universalmente condenadas como “atentados contra la vida”, “homicidio”, “mutilación”, “tortura” y “toma de rehenes”. Sin embargo, el artículo 3 común también prohíbe “atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”. Esta frase es susceptible a aplicaciones inciertas e impredecibles.

Sin la aclaración que propone el presente proyecto de ley, el significado del artículo 3 común –el estándar que ahora se aplica a la conducta de nuestro personal en la Guerra contra el Terrorismo– variaría en base a interpretaciones cambiantes de tribunales y gobiernos fuera de Estados Unidos. La Corte Suprema ha dicho que al interpretar el artículo de un tratado como el artículo 3 común, el significado dado al lenguaje del tratado por los tribunales internacionales debe ser “considerado respetuosamente”, y se debe dar a las interpretaciones adoptadas por otros estados parte “un peso considerable”.

Los estándares que rigen el trato de detenidos por Estados Unidos en la Guerra contra el Terrorismo deben ser claramente definidos por una ley estadounidense, de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales. El proyecto de ley define nuestras obligaciones dentro del artículo 3 común en referencia al estándar constitucional de Estados Unidos que ya ha sido adoptado por el Congreso en la Detainee Treatment Act de 2005.

  • El año pasado, luego de un significativo debate público sobre el estándar que debe gobernar el tratamiento de terroristas capturados de al Qaida, el Congreso adoptó la Detainee Treatment Act de 2005. Esta ley prohíbe “tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante”, según lo define en referencia a las enmiendas Quinta, Octava y Décimocuarta de la Constitución de Estados Unidos, para todos los detenidos bajo custodia de Estados Unidos, sea cual fuere su nacionalidad o localización geográfica.

Esta ley zanjó cuestiones sobre el estándar que rige el tratamiento de detenidos por Estados Unidos en la Guerra contra el Terrorismo. El estándar mínimo de ésta satisface plenamente nuestras obligaciones internacionales conforme al artículo 3 común, y el proyecto de ley aclara esto para todo propósito dentro de la ley federal.

El significado y aplicación de los términos vagos en el artículo 3 común también suscita dudas sobre posible responsabilidad criminal – la Ley de Crímenes de Guerra (War Crimes Act), 18 U.S.C. § 2441, hace que cualquier violación al artículo 3 común sea un delito menor para personal estadounidense.

  • El poder ejecutivo considera que tenemos una deuda con aquéllos llamados a tratar con los detenidos en la Guerra contra el Terrorismo y debemos pagarla llevando claridad y certeza a la War Crimes Act. La mejor manera de lograr esa claridad y certeza es definir una lista de ofensas específicas que constituyen crímenes de guerra sujetos a penas por violación del artículo 3 común.

La revisión judicial de reclamos hechos por detenidos

El proyecto de ley aborda lo sostenido en Hamdan vs. Rumsfeld, que las disposiciones de revisión judicial de la Detainee Treatment Act o DTA no se aplican a los cientos de peticiones de Habeas Corpus actualmente pendientes en cortes federales. El proyecto de ley pone en claro que la DTA tiene jurisdicción sobre todos los reclamos hechos por los detenidos concernientes a su detención o juicio ante una comisión militar, permitiendo la revisión de sólo las decisiones finales del Tribunal de Revisión de Estatus de Combatiente (Combatant Status Review Tribunal o CSRT) y juicios de comisiones militares. El poder ejecutivo considera que ésta era la intención del Congreso según la DTA, que es lógico restringir la capacidad del acusado de pedir apelación hasta después de que el juicio ante el CSRT o la comisión militar haya terminado, y que las cortes no deben ser usadas tendenciosamente para presentar todo tipo de cuestionamientos hechos por terroristas detenidos legalmente como combatientes enemigos en tiempo de guerra.

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