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Oficina del Secretario de Prensa
6 de septiembre de 2006

Hoja Informativa: Legislación del Gobierno para Crear Comisiones Militares

Hoy, el poder ejecutivo remitió un proyecto de ley para crear una estructura sólida y eficaz para comisiones militares. Esta estructura ayudará a lograr el objetivo del Presidente de ganar la Guerra contra el Terrorismo y asegurarse de que los terroristas puedan ser procesados por sus crímenes en juicios cabales y justos. Los arrestos, interrogatorios y, de ser necesario, juicios contra combatientes enemigos por crímenes de guerra y otras ofensas relacionadas con el terrorismo son cruciales para proteger a nuestra nación y ganar la Guerra contra el Terrorismo.

 

La creación de un nuevo Código de Comisiones Militares

El nuevo Código de Comisiones Militares (Code Of Military Commissions o CMC) del proyecto de ley adapta disposiciones relevantes del Código Único de Justicia Militar (Uniform Code Of Military Justice o UCMJ) al contexto de las Comisiones Militares. El poder ejecutivo ha revisado cuidadosamente los procedimientos del UCMJ y adoptado o adaptado ciertos artículos del UCMJ que serían apropiados para estas comisiones militares. El proyecto de ley propone juicios ante comisiones militares para combatientes enemigos ilegales, incluidos los miembros de al Qaida, el Talibán y otros terroristas internacionales. El proyecto de ley codifica el CMC como el capítulo 47A del Título 10 del Código de Estados Unidos acorde con el UCMJ, que es ahora el capítulo 47.

El proyecto de ley usa procedimientos existentes para cortes marciales en caso de que sean apropiados para terroristas, pero separa el proceso de comisión militar del proceso de corte marcial que se usa para enjuiciar a miembros de nuestras fuerzas armadas. Los procedimientos propuestos para comisiones militares estarían separados de las disposiciones del UCMJ para cortes marciales de miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos, con reglas separadas de implementación.

El CMC es similar a la estructura del UCMJ en muchos aspectos. El proyecto de ley establece un sistema de comisiones militares presididas por un juez militar, con miembros de comisiones provenientes de las Fuerzas Armadas, y fiscales y abogados defensores provenientes del Cuerpo de fiscales militares. Los acusados también pueden optar por abogados defensores civiles si así lo desean. Los procedimientos judiciales, las sentencias y la apelación intermedia, en general, son similares a los procedimientos actuales del UCMJ. El proyecto de ley también contempla la apelación ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el distrito de Columbia, como lo determina la Ley para el Tratamiento de Detenidos de 2005 (Detainee Treatment Act o DTA).

El CMC le da al acusado derechos considerables a un proceso justo, incluidos:

El proyecto de ley se aparta del UCMJ en algunos aspectos, cuando las disposiciones del UCMJ serían inapropiadas o imprácticas en juicios a terroristas.

Necesidad de añadir una definición al artículo 3 común del Convenio de Ginebra

El proyecto de ley contiene varias disposiciones que abordan la decisión de la Corte Suprema de que el artículo 3 común del Convenio de Ginebra se aplica a nuestro conflicto armado con al Qaida. Si falta una definición por estatuto, la aplicación del artículo 3 común sometería a aquéllos que defienden Estados Unidos de un ataque terrorista a un estándar legal incierto que pudiera ser influido por tribunales extranjeros. Por ello, líderes civiles y militares de alto rango de Estados Unidos han solicitado que el Congreso elabore una clara definición estatutaria de las obligaciones de Estados Unidos conforme al artículo 3 común.

Algunos de los términos del artículo 3 común son inherentemente vagos. Muchas de las disposiciones del artículo 3 común prohíben acciones que son universalmente condenadas como “atentados contra la vida”, “homicidio”, “mutilación”, “tortura” y “toma de rehenes”. Sin embargo, el artículo 3 común también prohíbe “atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”. Esta frase es susceptible a aplicaciones inciertas e impredecibles.

Sin la aclaración que propone el presente proyecto de ley, el significado del artículo 3 común –el estándar que ahora se aplica a la conducta de nuestro personal en la Guerra contra el Terrorismo– variaría en base a interpretaciones cambiantes de tribunales y gobiernos fuera de Estados Unidos. La Corte Suprema ha dicho que al interpretar el artículo de un tratado como el artículo 3 común, el significado dado al lenguaje del tratado por los tribunales internacionales debe ser “considerado respetuosamente”, y se debe dar a las interpretaciones adoptadas por otros estados parte “un peso considerable”.

Los estándares que rigen el trato de detenidos por Estados Unidos en la Guerra contra el Terrorismo deben ser claramente definidos por una ley estadounidense, de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales. El proyecto de ley define nuestras obligaciones dentro del artículo 3 común en referencia al estándar constitucional de Estados Unidos que ya ha sido adoptado por el Congreso en la Detainee Treatment Act de 2005.

Esta ley zanjó cuestiones sobre el estándar que rige el tratamiento de detenidos por Estados Unidos en la Guerra contra el Terrorismo. El estándar mínimo de ésta satisface plenamente nuestras obligaciones internacionales conforme al artículo 3 común, y el proyecto de ley aclara esto para todo propósito dentro de la ley federal.

El significado y aplicación de los términos vagos en el artículo 3 común también suscita dudas sobre posible responsabilidad criminal – la Ley de Crímenes de Guerra (War Crimes Act), 18 U.S.C. § 2441, hace que cualquier violación al artículo 3 común sea un delito menor para personal estadounidense.

La revisión judicial de reclamos hechos por detenidos

El proyecto de ley aborda lo sostenido en Hamdan vs. Rumsfeld, que las disposiciones de revisión judicial de la Detainee Treatment Act o DTA no se aplican a los cientos de peticiones de Habeas Corpus actualmente pendientes en cortes federales. El proyecto de ley pone en claro que la DTA tiene jurisdicción sobre todos los reclamos hechos por los detenidos concernientes a su detención o juicio ante una comisión militar, permitiendo la revisión de sólo las decisiones finales del Tribunal de Revisión de Estatus de Combatiente (Combatant Status Review Tribunal o CSRT) y juicios de comisiones militares. El poder ejecutivo considera que ésta era la intención del Congreso según la DTA, que es lógico restringir la capacidad del acusado de pedir apelación hasta después de que el juicio ante el CSRT o la comisión militar haya terminado, y que las cortes no deben ser usadas tendenciosamente para presentar todo tipo de cuestionamientos hechos por terroristas detenidos legalmente como combatientes enemigos en tiempo de guerra.

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